Enseñanza y Empresa se coordinarán para definir la oferta acorde con la demanda del mercado.
Un instituto de Formación Profesional (FP) podrá también ofertar cursos de formación ocupacional (para personas en paro) o continua (para trabajadores en activo). Es una de las novedades más destacadas del proyecto de ley de Formación Profesional que el Gobierno catalán ha aprobado este martes. El objetivo de la normativa es “ensamblar la FP con la formación ocupacional y dar así continuidad a la formación a lo largo de la vida”, justificó la consejera de Enseñanza, Irene Rigau.
La futura ley bautiza estos centros como “de formación profesional integrada”, que “podrán formar indistintamente a jóvenes alumnos de FP y también a adultos en situación de paro, cosa que permitirá optimizar recursos”, añadió Rigau. Pueden ser centros de nueva creación, pero los institutos ya existentes pueden pedir su reconversión. De forma experimental actualmente ya existen una veintena de centros que imparten ambas ofertas.
Según Rigau, se trata de “una ley muy esperada” porque integra dos tipos de formación que hasta ahora transitaban por caminos paralelos: la FP, destinada a los jóvenes, depende de Enseñanza y la formación ocupacional y continua, destinada a trabajadores o parados, está gestionada el Departamento de Empresa y Ocupación. “Este modelo ha sido cuestionado por diferentes organismos internacionales, que señalan la necesidad la formación de las personas a lo largo de la vida de forma permanente, interrelacionada y conectada”, defiende la ley en su exposición de motivos. Ahora Enseñanza y Empresa se coordinarán a través de una comisión rectora. Las patronales y los sindicatos estarán presentes en los organismos de gestión.
En la filosofía de la norma también se busca aumentar el porcentaje de población con estudios medios. Los informes dibujan el perfil formativo de la sociedad como un reloj de arena: mucha población con estudios básicos y superiores, pero poca en la franja media. “Hay muchos parados con una baja calificación que si no se comprometen en su formación difícilmente saldrán de esta situación”, terció Rigau.
La futura ley de FP —que ahora se enviará al Parlament para su debate y aprobación— también servirá de paraguas normativo para servicios ya existentes, como el programa Qualifica’t, destinado a personas con experiencia laboral, pero sin un título. Este servicio permite acreditar las competencias profesionales con una prueba. El programa arrancó en 2011 y desde entonces ha recibido 13.000 solicitudes de acreditación. Los centros integrados también podrán realizar estas tareas de acreditación.
También en el Gobierno vasco han destinado 5,4 millones de euros para financiar cursos de formación profesional a más de 1.900 desempleados inscritos en Lanbide, con el objetivo de impulsar el plan de empleo puesto en marcha por el ejecutivo Iñigo Urkullu. Dos iniciativas tanto por parte del gobierno Catalán como del Vasco que incentivan e impulsan la formación continua de los trabajadores y la formación de los parados con baja cualificación basándose en las necesidades del mercado laboral.
Vía: EL PAIS
