De 2010 a 2015, ha caído un 30.8%, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El estudio realizado, «La relevancia de la formación para las personas ocupadas», que recoge el observatorio de la Obra Social La Caixa, destaca que el presupuesto de formación para empleados ha pasado de 1545 millones de euros a 951 en 2012, a consecuencia de los recortes.

En 2015, ascendió a los 1.069, todavía «lejos» de las partidas anteriores de la crisis, a este hecho, se suma que en 2016 el presupuesto estatal cayó directamente a cero y en 2017 apenas remontó a más de 200 millones de euros.

Las políticas activas de empleo tienen como objetivo la inserción laboral de las personas desocupadas, pero en el caso de las ocupadas la mejora de sus cualificaciones puede servir para favorecer su mantenimiento y promoción en el empleo, pero los recursos destinados son escasos.

La caída de la oferta formativa destinada a trabajadores, supone su falta de adaptación a las novedades impuestas por un mercado global cada vez más competitivo.

La participación de la oferta formativa existente es mayor, aunque existe un desequilibrio entre las grandes empresas que alcanzan un 80%, respecto de las pequeñas y medianas empresas que apenas llegan a un 20% de participación.

Teniendo en cuenta que el tejido empresarial en España está integrado por la pequeña y mediana empresa, debemos concluir que los trabajadores carecen del necesario e imprescindible reciclaje en sus puestos de trabajo, lo cual provoca que nuestro mercado sea menos competitivo respecto del exterior.

Las soluciones deben venir por un mayor compromiso por parte de todas las instituciones tanto a nivel estatal como autonómico, partiendo de la premisa, que sin formación continua a los trabajadores, no podremos ni mantenernos, ni evolucionar en el ámbito empresarial, en un entorno global cada vez más competitivo, en la búsqueda continua de la excelencia.